Cada último cuatrimestre de año, el Presupuesto General de la Nación (PGN) del Estado paraguayo se convierte en el epicentro del debate parlamentario. El Gobierno actual acumula el segundo año en la elaboración de la ley económica y financiera más importante de Paraguay. En esta edición se realiza un recuento de los componentes del proyecto de PGN 2020 y se analizan las modificaciones introducidas por el Congreso Nacional. Además, se presentan las implicancias de los cambios en la composición de los gastos y los desafíos para las finanzas públicas.
El pasado 30 de agosto, el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020. El plan de gastos e ingresos fue diseñado sobre cuatro prioridades. Las mismas se basaron en: dinamizar la economía, con el apoyo a la productividad y el empleo; mantener la inversión y la sostenibilidad financiera; consolidar las acciones públicas configuradas en un sistema de protección social y permitir el acceso a servicios de salud y educación efectivos. Todos estos ejes trazados en un entorno económico externo complejo y volátil, que exige un...
Además, se incorporó una nueva estructura presupuestaria orientada a resultados, es decir, que permita arrojar información de desempeño para evaluar el resultado de las políticas públicas a ser implementadas. En tal sentido se separaron los recursos destinados al funcionamiento de la institución o al cumplimiento de su misión, de aquellos enfocados a resolver problemas, que inciden en las condiciones de vida de la población.
Cabe destacar que el Plan de Gastos 2020 incorporó las sugerencias de la Comisión Interinstitucional Público-Privada para el Análisis del Gasto Público. Las mismas incluyeron medidas para mejorar la eficiencia del gasto, con énfasis en las compras públicas, presupuesto por resultados, política salarial y protección social.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 contemplaba un incremento del 2% con relación al PGN aprobado para este 2019. El aumento se sustentó en el crecimiento vegetativo de las fuerzas públicas, además del reajuste del salario mínimo, el cual está indexado al percibido por el sector privado, entre otros. Del total de G. 85,5 billones (US$ 13.403 millones al tipo de cambio previsto para el próximo año), el 56,5% corresponde a la Administración Central y el porcentaje restante (43,5%) a la Administración Descentralizada, con sus respectivas contrapartidas de gastos e ingresos.
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