La necesidad de una reforma estructural del Estado es un hecho en Paraguay. La pandemia del covid-19 puso en relieve la urgencia por modificar el actual funcionamiento del aparato estatal. El mismo que hace décadas está socavado por una mala calidad del gasto. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que Paraguay desperdicia alrededor del 3,9% del producto interno bruto (PIB), unos US$ 1.600 millones, por su ineficiencia en el gasto público. Esta pérdida de recursos está explicada, principalmente, por pago de salarios a funcionarios e ineficiencias en compras, etc.
La pérdida de los recursos es explicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), especialmente, por pagos de salarios así como por las ineficiencias potenciales en el rubro de compras y en transferencias de subsidios. En tal contexto, a finales de marzo último, el Poder Ejecutivo anunció el inicio de una serie de mesas de diálogo entre los tres Poderes del Estado y la sociedad civil, para consensuar una reforma estructural del Estado. Los ejes que marcarán el proceso son: generar nuevas fuentes de ingresos para ampliar la intervención estatal y mejorar el gasto público. En paralelo...
Al desglosar los componentes de la reforma estructural, el Ministerio de Hacienda alista una serie de proyectos de leyes que serán presentados en las próximas semanas. Entre las propuestas se destacan una renovada normativa de servicio civil, que establecerá nuevos mecanismos de ingreso a la función pública como la meritocracia. Además, se buscará la aprobación de una ley que ordenará la estructura del Estado, en principio, dentro del Poder Ejecutivo. A decir, la cantidad de direcciones departamentales y otros temas administrativos.
Otro proyecto de igual importancia y que será retomado es el de la reforma de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Con la modificación se apunta a ampliar la capacidad de acción de la banca de segundo piso, para una mayor cobertura crediticia y de acceso a otros sectores que conforman el engranaje económico del país.
La modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) es otra propuesta que figura como parte del paquete de reformas. De hecho, antes de la crisis sanitaria era prioridad para la cartera de Hacienda que ya contemplaba, entre otros puntos, que el déficit fiscal del sector público, no sería mayor al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Así también, se proponía que el incremento del gasto corriente primario del sector público no podría exceder a la tasa de inflación interanual más el 2%.
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