El Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, intenta desde finales de 2023 generar más control a las organizaciones no gubernamentales (ONG). La propuesta derivó en el rechazo y la incertidumbre por las sanciones y la excesiva burocracia que se puede producir para rendir cuentas, especialmente a las instituciones que no son del agrado del Poder Ejecutivo. Diversos grupos emitieron una serie de quejas y también comunicados exigiendo a Peña que vete la ley anti-ONG que fue sancionada en el Congreso Nacional.
La polémicaestá provocando una “cataratas” de comunicados y rechazos de diversos sectores de la sociedad civil, del mundo de la política y de la economía. El proyecto cartista que comenzó entre los poderes Ejecutivo y Legislativo ya data de hace casi un año, cuando comenzaron los primeros anuncios.
Vamos a remontarnos al 30 de noviembre de 2023, la por entonces senadora del Encuentro Nacional (hoy expulsada), Kattya González, dijo que había mucho que objetar en la propuesta porque era autoritaria, buscaba cercenar la libertad y una serie de derechos constitucionales.
Mencionó que la iniciativa surgió después que algunas ONG hayan hecho críticas al Gobierno y el oficialismo denunciara altos salarios de los “oenegeros”, pagados en parte con impuestos de los contribuyentes.
Destacó que las organizaciones no gubernamentales están inscriptas en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y sus fondos pueden ser trazables. “Hay que determinar las organizaciones no gubernamentales que se están dedicando al lavado de dinero. Este proyecto quiere silenciar las voces que cuestionan”, enfatizó.
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