Antes de la pandemia, el Gobierno ha venido impulsando una serie de reformas para la modernización del Estado, por el lado de los ingresos y los gastos. En ese sentido, la primera dentro del paquete de normativas ha sido la ley de modernización y simplificación del sistema tributario nacional o conocida como la Ley de Reforma Tributaria. Tras más de una década de la última modificación al sistema tributario en el país, la administración de Mario Abdo Benítez presentó al Congreso Nacional el proyecto que fue aprobado rápidamente y promulgado en setiembre de 2019.
La Ley Tributaria entró en vigencia en enero de 2020. La modificación impositiva contempló, entre otros puntos, el aumento de las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la creación del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), la eliminación de algunos gastos deducibles, un régimen simplificado para las medianas y pequeñas empresas, entre otras adecuaciones tributarias. Sin embargo, varios de estos cambios no pudieron implementarse en su totalidad, debido a que su vigencia coincidió con el complicado escenario provocado por el covid-19 el año pasado.
Es de recordar que, a finales de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo había anunciado el inicio de una serie de mesas de diálogo entre los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) y la sociedad civil, a fin de consensuar una reforma estructural del estado. Los ejes estaban anclados en: generar nuevas fuentes de ingresos para ampliar la intervención estatal y mejorar el gasto público.
Como parte del mencionado proceso, el Poder Ejecutivo buscó el debate y consenso en el Parlamento de una renovada normativa de servicio civil con nuevos mecanismos de ingreso a la función pública como la meritocracia. Para ello, envió la propuesta a la comisión bicameral de reordenamiento de la estructura del estado, sin éxito alguno. Esta instancia había sido creada sobre tres pilares: analizar las iniciativas del Ejecutivo, las parlamentarias y las propuestas de reforma del sistema de salud.
Ante la falta de respuesta, ahora la estrategia apunta a la presentación del proyecto de la ley de la función pública y la carrera del servicio civil a finales de este mes. Esta vez, directamente a una de las cámaras del Poder Legislativo (Diputados o Senadores).
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