La Fiscalía señala a Santiago Peña como el jefe de una presunta organización criminal que habría operado desde las más altas esferas del poder para blindar a Ueno Bank. Con la complicidad de las máximas autoridades del Banco Central, el esquema habría neutralizado los controles, ocultado irregularidades y comprometido millonarios recursos públicos y los ahorros de miles de ciudadanos.
La investigación por el colapso de Ueno Bank adquirió una dimensión todavía más grave con la ampliación de la imputación contra Santiago Peña y cinco integrantes de la antigua cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP). El Ministerio Público ya no investiga únicamente decisiones administrativas irregulares, operaciones financieras cuestionadas o el eventual incumplimiento de obligaciones legales. Ahora sostiene que habría existido una estructura criminal organizada desde el propio Estado, con una conducción política, una distribución de funciones y un objetivo común: proteger los intereses...
El Acta de Imputación N.º 9, presentada el 13 de noviembre de 2026 en el marco de la causa penal N.º 92/2026, coloca al expresidente de la República como presunto jefe de esa organización y atribuye responsabilidades específicas a quienes ocupaban los principales cargos de regulación y supervisión bancaria.
La hipótesis fiscal describe un mecanismo en el que las instituciones que debían proteger los recursos de los ciudadanos y garantizar la estabilidad del sistema financiero habrían terminado funcionando en beneficio de la entidad que estaban obligadas a controlar.
En la cúspide del esquema aparece Santiago Peña. En los niveles de ejecución institucional figuran Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central; Holger Insfrán, exsuperintendente de Bancos; y los exmiembros del Directorio del BCP Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.
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