Cumpliendo los primeros doce meses de la llegada del COVID-19 a nuestro país, la situación de preocupación persiste en el ambiente y en las opiniones de muchos ciudadanos. El Gobierno tomó créditos por más de USD 1.600 millones para financiar la crisis económica y sanitaria, pero la gestión no satisface y expone al riesgo de que se genere también una crisis política.
Con la llegada desde Guayaquil de un connacional, el 7 de marzo del 2020 se confirmaba el primer caso de COVID-19 en Paraguay y 13 días después se registraba el primer deceso en el país, como consecuencia de esta enfermedad.
De esta manera, el médico Hugo Diez Pérez pasaba a la historia como el primer paraguayo muerto por el virus que ya se extendía por todo el mundo, en aquel momento.
En ese contexto, el 20 de marzo iniciaba la cuarentena total en nuestro país, la cual se comenzaría a flexibilizar recién a partir de mayo del mismo año.
La incertidumbre se apoderó de todos los estratos sociales y entornos económicos, generando cierres de locales comerciales, de empresas, pérdidas de empleo, reducción de las remesas y, en general, una gran pérdida del poder adquisitivo de muchas familias.
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