El juez Diego Torres sostuvo que el artículo 11 de la Ley N.º 6.446/2019 no habilitaba al solicitante a acceder a los datos societarios de los familiares del expresidente Santiago Peña. Indicó que, ante el actual contexto político y judicial, buscaría mecanismos para que la información sea divulgada.
El amparo constitucional que protegió los documentos de carácter reservado de familiares y allegados del entonces presidente Santiago Peña y de la exprimera dama Leticia Ocampos sigue vigente. El juez Diego Torres explicó que concedió dicha medida porque consideró que el comunicador Hugo Javier Portillo no estaba legalmente habilitado para acceder a la información solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El amparo fue presentado en noviembre de 2025, luego de que Portillo solicitara, el 7 de septiembre de ese año, información sobre las sociedades y empresas registradas en las que los familiares del exmandatario figuraran como accionistas, socios fundadores, integrantes de directorios, administradores, representantes legales, apoderados o propietarios.
Los recurrentes alegaron que existía un peligro inminente de vulneración de sus derechos constitucionales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental. Con ese argumento, solicitaron impedir que el MEF entregara los documentos que consideraban de carácter reservado y de su propiedad.
Sin embargo, un elemento que no habría sido conocido por el magistrado al momento de resolver el caso es que parte de la información requerida ya había sido publicada en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública, como resultado de una solicitud anterior.
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