El anteproyecto de ley que amplía la tarifa social de la electricidad busca gravar los altos salarios en el sector público para financiar esta iniciativa con el objetivo de garantizar el acceso a la energía como un derecho humano. La medida, conocida como “Impuesto a los Altos Salarios Públicos (IASP)”, forma parte de un proyecto más amplio.
El proyecto de ley -que fue presentado el viernes último al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), como iniciativa popular de organizaciones sociales- establece que todo funcionario público, cuya remuneración supere el salario del Presidente de la República, pague este nuevo impuesto, que busca generar fondos para subsidiar el acceso a la energía eléctrica a más del 90% de las familias paraguayas.
La propuesta surge en un contexto de creciente descontento con la distribución de los beneficios generados por las binacionales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá.
El Impuesto a los Altos Salarios Públicos (IASP) está diseñado para aplicar a funcionarios que perciben sueldos significativamente superiores al del Presidente de la República. Según el proyecto, este gravamen podría alcanzar tasas de hasta el 87% para aquellos que percibieron los salarios más altos, y que la suma que se recaude se destine a una cuenta especial del Ministerio de Economía.
El cálculo de la tasa del IASP se basará en la diferencia entre el salario neto del Presidente y el de los demás funcionarios públicos, afectando tanto a los empleados de entidades estatales como a los de las binacionales hidroeléctricas, según el documento presentado al TSJE y que buscan que se trate en el Congreso Nacional.
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