Cada vez son más las listas de fundaciones, ONG y organismos internacionales que son utilizados para administrar fondos de instituciones públicas sin que pasen por los procesos de control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Algunas hablan de transparencia, pero en la práctica favorecen los majos opacos.
El reciente caso de la Gobernación de Central, administrada por el cartista Hugo Javier González, dejó en evidencia una vez más la utilización de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y hasta oficinas locales de organismos internacionales para la administración de dinero público lejos de los controles previsto por la ley de Contrataciones Públicas.
En una entrevista concedida a ABC semanas atrás, el titular de la DNCP, Pablo Seitz, refirió que la compra o ejecución de dinero público no debería realizarse mediante organizaciones sin fines de lucro, ya que los procesos mediante estas no se rigen bajo un sistema de control.
La excusa esgrimida es que la realización de procesos licitatorios a través de la DNCP ralentinzan los procesos, aunque la propia ley establece las situaciones para las compras rápidas.
En la práctica, lo que se consigue no es rapidez sino evasión del seguimiento casi en tiempo real que se puede realizar a través de la DNCP, alejando los millonarios procesos de la vista de la ciudanía.
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