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MOPC y Contraloría confirmaron descontrol de frecuencias de buses pero hasta hoy la Fiscalía no investiga el caso - Economía - ABC Color

MOPC y Contraloría confirmaron descontrol de frecuencias de buses pero hasta hoy la Fiscalía no investiga el caso - Economía - ABC Color

El centro del billetaje, “cerebro” del transporte público, sigue sin funcionar al 100%, lo cual impide el efectivo control de la frecuencia de buses y de los pagos de subsidios a transportistas. Esto les consta al MOPC y a la CGR, pero pese a la gravedad del caso y al impacto de dicha deficiencia en la calidad del servicio -en detrimento de los pasajeros-, ninguna de las dos instituciones ha denunciado ante la Fiscalía.

El Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Emiliano Fernández, no tiene el control absoluto del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico. No tiene las herramientas para controlar la frecuencia de buses en tiempo real, realizar auditorías ni hacer una verificación efectiva de los montos que se pagan de subsidios. Esto se debe a la deficiente ejecución del contrato de la instalación del citado sistema, según confirmó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya hace tres años, en setiembre de 2021.

El contrato data del año 2019, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó por US$ 3,9 millones al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, e integrado por la Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan Sociedad Anónima (representada por Rogelio Franco Dávalos) y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola). Se trató del resultado de una Licitación Pública Nacional (ID 368.264).

Ese documento se firmó cuando el viceministro de Transporte era Pedro Britos y la ejecución del mismo continuó bajo la administración de Víctor Sánchez Chamorro.

El contrato fue revisado por la DNCP, tras detectarse que la ejecución del mismo y los pagos no estaban siendo reportados en el portal. Fue así que se descubrió que, bajo la excusa de la pandemia, se habían firmado dos convenios modificatorios para extender el plazo de entrega de bienes, los cuales fueron anulados por la institución (por considerar una modificación sustancial a los términos del contrato) y esta decidió abrir una segunda indagación, que nuevamente confirmó anomalías.

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Diario ABC
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