De los US$ 1.600 millones de los fondos de la Ley de Emergencia, Hacienda indicó que fueron utilizados US$ 848 millones, de los cuales US$ 99 millones fueron transferidos al Ministerio Salud Pública, US$ 63 millones al Programa de Adultos Mayores y Tekopora, US$ 40 millones para Jubilaciones, US$ 61 millones para Mipymes y capitalización, US$ 26 millones para el Programa Ñangareko, US$ 300 millones para el programa Pytyvô, US$ 100 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS), y US$ 159 millones para médicos, docentes y Fuerzas Públicas.
El ministro de Hacienda, Benigno López, remitió a la Comisión Bicameral para el Control de los Recursos un informe sobre el uso y destino de los recursos financieros para enfrentar la pandemia, pero solo informó sus gastos y no rindió cuentas tal como establece la ley de emergencia sanitaria.
Ante la decisión de la Cámara de Senadores de convocar a una sesión extraordinaria para tratar el uso de los fondos de la Ley de Emergencia Sanitaria, el Ministerio de Hacienda dio a conocer un informe sobre cómo usó parte de los 1.600 millones de dólares aprobados para la lucha contra la pandemia.
Sin embargo, la ley 6524 que declaró emergencia por la pandemia del COVID-19 estableció claramente en el artículo 45 la obligación del Poder Ejecutivo de rendir cuentas y presentar documentos respaldatorios al Congreso y a la Contraloría al cumplirse los 60 días. En este caso, Hacienda únicamente informó y no rindió cuentas con los documentos necesarios.
En el informe dado a conocer en su página web, Hacienda indica que se solicitó al Banco Central del Paraguay (BCP) una línea de crédito de G. 3,25 billones (US$ 500 millones). Además se gestionó la colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional por USD 1.000 millones.
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