A lo largo de las últimas semanas ha sido un tema de discusión en nuestro país cuál será la función real de la Superintendencia de Pensiones y cuál será el alcance de la regulación para esta área. Aquí realizamos un análisis de los pormenores y tratamos de acercarnos a una conclusión de lo que depara esta nueva institución, que ya cuenta con una ley aprobada.
Parecerá un tanto extenso el título pero la coyuntura lo amerita. Cuando hablamos de una «Superintendencia de Pensiones» no hablamos de un ente que dará al Superintendente una «Superinmunidad», sino que nos referimos a un ente cuya finalidad es supervisar, velar y si es necesario, intervenir en las cajas jubilatorias públicas y privadas para evitar que las mismas representen un riesgo para sus beneficiarios, en cuanto los cobros de sus jubilaciones o al manejo del dinero.
Primeramente, debemos saber realmente qué es una superintendencia y cuáles son sus funciones.
La Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones es el órgano técnico especializado dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), en adelante la «Superintendencia». En el ejercicio de sus atribuciones la Superintendencia gozará de plena autonomía funcional y administrativa en el ejercicio de sus funciones. (Proyecto de Ley que crea el Consejo Asesor del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones y establece normas de inversión en el sistema de jubilaciones y pensiones, capítulo 1, art. 3).
El trabajo de esta institución será supervisar y regular el sistema nacional de jubilaciones. Este mismo proyecto ya se estaba estudiando en el año 2017, pero fue archivado y volvió a ser tratado en 2018 siendo igualmente archivado hasta llegar al tercer intento este año con su aprobación. Sin embargo, su rápida aprobación sin una consulta plena y con algo de apuros por parte de ciertas bancadas, generó controversias.
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