La intervención de Ueno Bank abre interrogantes sobre la custodia y utilización de la información biométrica de más de tres millones de clientes, especialmente ante la participación de empresas vinculadas en la infraestructura tecnológica de identificación digital. El abogado especialista en derecho financiero y protección de datos personales, Stephan Vysokolán, sostiene que estos registros pertenecen a cada usuario y no constituyen activos transferibles de la entidad bancaria. El especialista advierte que la pertenencia a un mismo grupo económico no habilita a otras compañías, como Itti, a disponer libremente de esa información ni a reutilizarla para actividades comerciales distintas de su finalidad original. Además, señala que la intervención modifica la administración de la entidad, pero no suspende las obligaciones de confidencialidad, custodia y protección de los datos personales.
La intervención de Ueno Bank abrió un nuevo frente de preocupación relacionado con la información personal y biométrica de sus más de tres millones de clientes.
Más allá de la situación financiera de la entidad y del destino de los depósitos, el tratamiento de los datos recopilados durante la relación contractual plantea interrogantes sobre quién debe custodiarlos, bajo qué condiciones pueden utilizarse y qué sucede si parte de esa infraestructura permanece en manos de empresas vinculadas.
Para el abogado Stephan Vysokolán, director de Vysokolán Consultores y especialista en derecho financiero y protección de datos personales, la primera distinción que debe realizarse es que los datos personales no constituyen un activo de propiedad de las entidades que los recopilan.
Su titularidad corresponde exclusivamente a las personas identificadas por esa información, mientras que las instituciones financieras asumen obligaciones de custodia y tratamiento.
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