La falta de recursos disponibles evidenciada durante la pandemia obligó al Estado a recurrir al financiamiento externo por unos US$ 1.600 millones. El monto fue autorizado por la ley de emergencia económica, ya que de otra forma no se tendrían posibilidades de enfrentar la complicada situación. El plan de reactivación económica se presenta como otro gran desafío, porque tampoco cuenta con financiamiento genuino para planes y proyectos diseñados en el marco de la recuperación del país. El nulo espacio de maniobra por parte del estado y problemas que se generaron en torno a ello se han convertido en oportunidad para impulsar la reforma del Estado.
Los años 2003 a 2004 y de 2014 a 2016 marcaron los periodos de bonanza en las economías de América Latina y el Caribe. Una combinación de factores favorables como el superciclo de los commodities, las bajas tasas de interés y la disponibilidad de crédito a partir de la crisis financiera internacional en los países desarrollados, fueron oportunidades para el financiamiento de los países de la región. Sin embargo, esta mayor disponibilidad de recursos, no se tradujo a un manejo responsable de las cuentas públicas. El aumento de los ingresos en los países latinoamericanos trajo consigo...
Ejemplo de ello son Argentina y Brasil, que antes de la pandemia ya enfrentaban déficits importantes en la composición de sus cuentas públicas. Paraguay no fue exceptuado del manejo imprudente de las finanzas del Estado. Tal es así que, en el 2012, los parlamentarios aprobaron un aumento salarial de alrededor de 38% para todos los empleados públicos. El importante incremento fue realizado sin criterio técnico ni financiero alguno, dando inicio al déficit fiscal arrastrado hasta la actualidad.
Desde el 2012, el Estado destina aproximadamente US$ 800 millones anuales para el cumplimiento de la suba salarial. Al cierre de 2019, los gastos salariales se llevaron alrededor del 70% de los ingresos tributarios. Es decir, de cada 100 guaraníes que recaudó el Estado por el cobro de impuestos, 70 guaraníes se destinaron a las remuneraciones de los funcionarios.
La imposibilidad de disponer de estos recursos ha incidido en el avance de programas y proyectos de impacto social y económico para el país. Ante este escenario, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a buscar nuevas fuentes de financiamiento como la colocación de bonos soberanos. Con los recursos obtenidos se han empujado, especialmente, varios proyectos de infraestructura (viales, viviendas, agua y saneamiento, electricidad y otros).
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