El gobierno de Santiago Peña promulgó dos cuestionadas leyes en materia económica: la que crea el Ministerio de Economía y la de la Superintendencia de Jubilaciones. Para la sanción en el Congreso, el cartismo utilizó su maquinaria legislativa, pasando por alto -incluso- el debate, pues ambas normativas fueron aprobadas sin un estudio minucioso, lo que se presta a suspicacias.
El 23 de agosto pasado, el presidente Santiago Peña promulgó la a Ley N° 7158 que crea el , que fusiona el Ministerio de Hacienda (MH), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).
Para titular del “supeministerio” había sido designado Carlos Fernández Valdovinos, quien entonces fungía como titular de Hacienda.
La normativa fue tratada en el Congreso con un llamativo apuro. Había sido presentada como proyecto de ley el 12 de julio pasado ante la Cámara de Senadores, la cual -tras modificaciones aprobadas por diputados- había sancionado la normativa el 14 de agosto, sin un estudio minucioso como habían exigido los opositores.
La creación del MEF había generado un rechazo por parte de especialistas en economía y, especialmente, de legisladores de la oposición por el apuro del cartismo en ejecutarla, lo cual se prestaba a suspicacias, más aún -cuestionaban- considerando que entre los proyectista figuraba el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC).
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