El nuevo embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, con mascarilla, en la reunión con el titular de la Corte Suprema, Antonio Fretes, insistió en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En la Corte y en el Ejecutivo puede influir de sobra, pero aunque en el Senado y Diputados en apariencia el cartismo se encuentra en minoría, la última votación en la Cámara Baja demostró que Horacio puede seguir pescando en río revuelto para conseguir finalmente una votación a su medida, gracias a su bolsillo profundo y a los datos que posee de sus adversarios al tener acceso pleno a documentación clasificada que maneja la fiscalía. Embajador en la Corte Después de una visita “de cortesía” del nuevo embajador de EE.UU., Marc Ostfield, al titular de la Corte Suprema, Antonio Fretes, sugestivamente se conformó la sala constitucional del más alto tribunal de la República para decidir si Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod van finalmente a juicio oral por declaración falsa. fue rechazado por las bases coloradas, que no ven con buenos ojos que una persona con tan graves acusaciones pueda seguir ocupando la representación popular en el Congreso, porque además de declaración falsa están en otro juicio la lesión de confianza, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, y que igualmente se halla en poder de la Corte como forma de dilatar la llegada al juicio oral. Si la Fiscalía no pudo ser tomada por el oficialismo abdo-velazquista, queda por ver si a nivel de la Corte cómo está el balance entre el poder legal (oficial) y el poder fáctico (real), es decir en pocas palabras si el “Toro” puede decir que tiene la posibilidad de que por lo menos en la más alta instancia judicial del país haya visos de conseguir algún atisbo de capacidad para enfrentar a la corrupción y a su mecanismo de retroalimentación que es la impunidad judicial. Pero ahora se ha sabido que tanto el Ministerio de Hacienda como la Procuraduría General de la República, defendieron a las tabacaleras ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos resolver sobre una denuncia de evasión del año 2000, y que nunca ha sido investigada, pese a lo prescripto en el artículo 238 de la ley 125 de 1991, que dispone en forma taxativa que la SET debe iniciar las auditorías de un denunciante particular a pesar de la existencia o no de fiscalizaciones anteriores. La Sala Penal de la Corte Suprema, que entiende además en lo contencioso-administrativo, deberá expedirse sobre una denuncia realizada hace 20 años contra varias empresas tabacaleras por evasión impositiva en el marco de la Ley 125/91, y que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) lo ignoró en forma aberrante, en un caso que llegó ahora a la máxima instancia judicial.
El nuevo embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, con mascarilla, en la reunión con el titular de la Corte Suprema, Antonio Fretes, insistió en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Estados Unidos centra ahora su mirada en la Corte Suprema, a la que pide se mantenga independiente para luchar con más determinación contra la corrupción y la impunidad, ya que la Fiscalía General continúa bajo la influencia de Horacio Cartes. Una de las primeras medidas del más alto tribunal para satisfacer el pedido norteamericano, fue la posibilidad que, por fin, Javier Zacarías Irún sea llevado a un juicio oral.
Al mantener su puesto la fiscala general Sandra Quiñónez, quedó en flagrante evidencia el lado débil de Hugo “Toro” Velázquez, siendo notorio en el caso de la fiscala general que no pudo salir airoso frente al poder fáctico de Horacio Cartes, que ya ha puesto en ridículo al mismo presidente Mario Abdo, cuyos funcionarios de Hacienda suelen salir a defender constantemente el negocio más rentable del Patrón que es el tabacalero.
Para Hugo Velázquez ha resultado un trago amargo la “venganza” cartista que se basó en cooptar no sólo a la bancada llanista sino a diputados del sector oficialista, con lo que se pone en evidencia el flanco débil del “Toro”, porque para lidiar con el Patrón HC y su imperio económico, la lealtad de los legisladores colorados se mide por lo visto en función al grado de control que ostente quien asume el padrinazgo político sobre la Fiscalía y la Justicia, que significativamente en la gestión gubernativa de Marito fueron a parar casi totalmente en poder de HC.
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