Edificios patrimoniales en avanzado estado de deterioro, algunos afectados por incendios, y espacios públicos ocupados de modo irregular, demandan una política sostenible de conservación y prevención de riesgos. “Riqueza frágil”, recurso no renovable, nuestro patrimonio arquitectónico exige atención urgente. En este artículo, legislación, acciones y omisiones.
Si bien la preservación del pasado fue una preocupación del ser humano desde antiguo, la disciplina que se ocupa de la conservación del patrimonio cultural surgió recién a fines del siglo XVIII en el contexto europeo marcado por la Revolución Francesa [1] y la Revolución Industrial.
En Francia surge la institución museo con el objetivo de garantizar el derecho a la educación, poniendo a disposición del público colecciones y bienes que habían pertenecido a la monarquía, siguiendo los principios de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Se acuña el término patrimoine para relacionarlo al bien público. En los demás países europeos se crean también los grandes museos nacionales, en la búsqueda de afirmación de los Estados y afianzamiento de identidad nacional.
En el siglo XIX se desarrolla una reflexión en torno al valor artístico e histórico de los monumentos y surgen los conceptos de restauración (Francia), conservación (Inglaterra) e intervención [2] (Italia) relacionados a escuelas, teorías y contextos diferentes. En ese momento la preocupación se centra exclusivamente en los monumentos arquitectónicos y arqueológicos.
A partir de 1931, con la llamada Carta de Atenas –primer documento internacional que aborda el tema de la conservación del patrimonio–, se empiezan a unificar criterios a nivel mundial y se establece el deseo de “que los Estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más extensa y concreta para favorecer la conservación de los monumentos artísticos e históricos” [3], se impulsa la definición de marcos jurídicos de protección y se subraya la preminencia del interés público sobre el derecho privado en el campo del patrimonio.
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