La Contraloría detectó indicios de direccionamiento de contrato, pagos sin documentos respaldatorios, falta de ejecución de pólizas y multas por incumplimientos de obligaciones en la instalación del centro de monitoreo del billetaje, entre numerosas anomalías. Se trata del software que debería controlar la frecuencia de los buses pero que a cinco años de la firma del acuerdo, sigue sin funcionar en 100%.
La Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez, emitió su informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada a la licitación pública “adquisición de una solución de control y monitoreo para el Sistema Nacional de ” (ID 368.264) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El documento, al que esta tarde accedió ABC, evidencia más anomalías de las ya detectadas por Contrataciones Públicas, meses atrás. Se trata del contrato que fue administrado por el Viceministerio de Transporte (VMT), años atrás, por los entonces viceministros...
En el marco de este llamado, el MOPC adjudicó a fines de 2019 al consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, y conformado por Empresa Ejecutiva de Inversiones Plan SA (Rogelio Franco Dávalos), y V SAT SA (José Tomás Insfrán Rivarola). Esta última firma fue salpicada en el caso “tapabocas de oro”, investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Osmar Legal.
Para la instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico (BE), el “cerebro” del cobro electrónico, valuado en US$ 3,9 millones, el contrato tuvo tres pilares:
Adquisición del software (G. 20.836.422.500), 83% del contrato
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