Sin realizar diligencias básicas en una investigación, el fiscal Juan Ledesma había solicitado a la justicia desestimar un caso de presunto lavado de dinero del narco Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, a través de presuntos testaferros.
Ledesma había concluido que Carlos Espinoza Vega, Gregorio Espinoza Herrera, Christian Ariel Doldán, Carlos Manuel Lugo y Arnaldo Javier Gauto, tenían la capacidad económica para adquirir acciones de la firma Daruma SAM SA (ApostaLa), en marzo de 2016.
Sin embargo, “no desplegó la investigación que permita conocer si cada uno de ellos estaba en situación económica y financiera favorable al momento de la compra de las acciones”, según el fiscal adjunto Roberto Zacarías, quien rectificó el intento de Ledesma de desestimar el caso, detrás del cual estaría el poder económico.
Los sospechosos eran defendidos entonces por los abogados Álvaro Rojas Vía Llanes, hijo de la ministra Carolina Llanes y Santiago Martínez Seifart, hijo de Mónica Seifart y Ledesma tenía en juego su confirmación como fiscal electoral por la Corte Suprema.
Ledesma, atendiendo sus antecedentes, se especializó en la Unidad Anticorrupción y Antilavado, en blanquear a los “peces gordos” sospechados de corrupción y lavado de dinero. Fue designado en esa dependencia clave por la exfiscal general, Sandra Quiñónez, por recomendación de su hermano Domingo Quiñónez.
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