Presiones corporativas impiden implementación de ley de aguas

El lunes 22 de marzo pasado, se celebró el Día Mundial del Agua, una fecha instituida por Naciones Unidas (NU) en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, de Río de Janeiro, en 1992. Delimita con exactitud la propiedad del agua disponible en el país, otorgándole al Estado la potestad sobre la totalidad de los recursos superficiales y subterráneos, con excepción de los tramos de arroyos que atraviesan propiedades privadas, y el agua de lluvia que pueden colectar los particulares, que de hecho es una práctica común en el país, especialmente en el Chaco, y pese a lo acotado del calendario de precipitaciones en la Región Occidental. La gota que falta El nudo de la cuestión, que hace inviable la correcta aplicación de la ley de aguas, está en el artículo relacionado con el diseño de un sistema de permisos, concesiones y cánones correspondientes, que según el abogado Santagada, y el mismo director de Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), ingeniero David Fariña, fue hasta ahora imposible de desatar por el lobby corporativo de las empresas que disponen sin costo de los recursos hídricos para uso industrial y agropecuario. los productores industriales, ganaderos, agricultores, la tienen sin costo extra de lo que pueda costarle la infraestructura para captar el agua, llámese de cauces o subterránea”, explicó el ingeniero del MADES, que desde 2018 es la autoridad definitiva de aplicación de la ley de aguas. Contó que mediante la cooperación internacional el organismo pudo concluir un inventario nacional de los recursos hídricos, y equipar con estaciones de monitoreo algunas cuencas de interés, como el lago Ypacarai, el arroyo San Lorenzo, el río Yhaguy, el acuífero Patiño, y el río Tebycuary, que es una de las cuencas más grandes del país, utilizada para la producción de arroz en Itapúa y Misiones, la pesca, el turismo y la producción de agua potable. Foto: Captura de video Dijo que tampoco la ESSAP, que distribuye agua en todo el país, ni ninguna de las juntas de saneamiento existentes, como la de Itauguá con más de 50.000 usuarios, pagan un centavo por el agua que extraen de ríos y acuíferos. Además de la ya citada Ley N° 3239, Díaz Peña destacó la Ley de protección de cauces y cuerpos de agua de 2010, pero afirmó que “el problema principal es la falta casi total de voluntad política para hacer cumplir la legislación por parte de las autoridades pertinentes”. ...[Leer más]