El presupuesto del próximo año está destinado en un 87% a gastos rígidos, como salarios y servicio de deuda, dejando muy poco margen de maniobra al nuevo Gobierno para inversiones, ya sean sociales o de infraestructura. Se proyectan unos G. 4,2 billones para la inversión directa, un 33% menos de lo presupuestado este año para el rubro, que serán financiados con emisión de bonos y préstamos de multilaterales. Esto se da a pesar de que estiman que los ingresos tributarios crecerán un 8,5%, sin incluir aún los USD 400 millones más que recaudaría la nueva dirección tributaria. Así, un año más el desbalance fiscal estará por encima del tope establecido por Ley.
El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año fue presentado ayer al Congreso Nacional. El total del plan de gastos asciende a unos USD 15.400 millones, monto que implica un incremento del 6,8%, es decir, USD 981 millones más, con respecto al total de recursos previstos en el presupuesto aprobado del ejercicio fiscal 2023.
Del total de los recursos, un 54,7% corresponden a la Administración Central. En este punto se observa un aumento de 4,0% con respecto a los ingresos consignados en el presupuesto aprobado para este año. Por otra parte, el restante 45,3% corresponde a las Entidades Descentralizadas, y registran un aumento del 10,4%.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos enfatizó que el plan de gastos tiene incorporada una gran rigidez, especialmente en lo que hace a salarios y servicios de la deuda pública para el año que viene.
Dijo que solamente queda un 13% para destinar a otro tipo de gastos “y cómo los salarios no se van a poder cortar porque si no vas a entrar en un problema legal, es el margen en donde tenemos que movernos para priorizar las cosas”.
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