En la actualidad, no solo el sistema sanitario y económico de Paraguay están en crisis, las finanzas públicas también atraviesan una etapa complicada. Urge un acuerdo público-privado para diseñar e implementar en el corto plazo estrategias que ayuden a mitigar impactos de la pandemia y caminar en el sostenido proceso de recuperación económica. Quizás considerar algunas recomendaciones hechas por organismos como CEPAL podrían ser parte de políticas de reactivación socioeconómica del país como la necesidad de pacto fiscal, redistribución de la liquidez y cooperación regional, etc.
En Paraguay el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) se realiza a través de tres importes fuentes. La denominada fuente 10 o de recursos del Tesoro, que provienen de los impuestos, royalties y las compensaciones recibidas de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. La fuente 20 o recursos del crédito público, es decir, de préstamos de organismos internacionales, bonos internos y externos y, finalmente, la fuente 30 o de recursos institucionales, generados por las propias instituciones públicas para su sostenimiento.
Desde hace casi una década, los recursos genuinos del Estado no se manejan como opción de financiamiento, ya que, en promedio, el 70% está comprometido para el pago de salarios. Ante este casi inexistente espacio fiscal, la deuda pública en Paraguay se ha caracterizado por un sostenido incremento, principalmente, en los últimos años.
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, hasta el 2012, la deuda total del país ascendía a aproximadamente US$ 3.591 millones o 10,8% del Producto Interno Bruto (PIB). El principal componente de la deuda externa eran los préstamos provenientes de organismos multilaterales y bilaterales y que representaban el 62,3%. Mientras que la deuda interna de 37,6% estaba explicada por los bonos perpetuos emitidos para capitalizar el Banco Central del Paraguay (BCP) en concepto de cancelación de deudas históricas. El título, que forma parte de un ajuste contable, no puede ser comercializado.
En el año 2013, una decisión del Congreso Nacional había reconfigurado las cuentas públicas. El aumento salarial de alrededor de 38% para todos los funcionarios quebró los años de superávits. Así se dio inicio al desequilibrio fiscal, por ende, cortó las posibilidades de impulsar programas y proyectos de impacto social y económico con recursos genuinos. Aunque se debe señalar, que antes del 2013, el manejo de las finanzas públicas se caracterizó por escasas inversiones en proyectos, lo que permitió mantener años de ahorro fiscal.
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