Entramado jurídico que sustenta los derechos de propiedad del Paraguay - Económico - ABC Color

responsable de la subcomisión de costos de ese equipo e integrante de la ex Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos que asesoró a la Cancillería en la materia, en un memorando que dirigió al presidente de la Comisión Especial de Entes Binacionales y Desarrollo del sistema Eléctrico de la Cámara de Senadores, Abel González (PLRA), fundamenta técnica y jurídicamente los derechos de propiedad del Estado paraguayo sobre el 50% de las aguas del río Paraná, así como sobre el uso y la venta de la mitad de toda la energía que se genera en las centrales Itaipú y Yacyretá. de las aguas del río Paraná, potencial hidroeléctrico y obras en condominio de Itaipú y Yacyretá, y sobre el uso y venta del 50% de toda la energía generada en esas centrales (en adelante “el derecho de propiedad del Estado paraguayo”. En consecuencia manifiesto cuanto sigue, antecedentes históricos sobre el derecho de propiedad: Para involucrarnos en los antecedentes sobre el título de propiedad del Estado paraguayo (derechos soberanos), sobre los recursos hidráulicos y del potencial hidroeléctrico del río Paraná nos trasladamos hasta el 9 de enero de 1872, año en que nos encontramos con el deslinde territorial entre el Paraguay y el Brasil, y hasta el 3 de febrero del año 1876, con el deslinde territorial entre el Paraguay y la Argentina. El artículo primero quedó redactado de la siguiente manera: el territorio del imperio del Brasil se divide con el de la República del Paraguay por el cauce y canal del río Paraná, desde donde comienzan las posesiones brasileñas en la boca del Yguazú hasta el Salto Grande de las Siete Caídas del mismo río Paraná. El marco jurídico del estudio La tarea encomendada requiere abordar el tema en cuestión, dentro del marco jurídico, delimitado por la Constitución de la República del Paraguay, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y los Tratados de Itaipú y Yacyretá (leyes en la República del Paraguay). El hecho que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. ...[Leer más]