Excesivas reguladas y los reportes de subsidios que evidenciaban los aumentos de pagos con recursos públicos al transporte -en época electoral- fueron condimentos que dieron lugar al hartazgo de la ciudadanía, que salió a protestar. La presión social obligó a desnudar indicios de corrupción y la falta de control al sistema, pues carece del Centro de Monitoreo del Billetaje.
Transporte público: el despertar ciudadano no debe ser pasajero
En marzo pasado, usuarios del se volcaron a las redes sociales para quejarse de la excesiva demora de los colectivos para llegar a las paradas. Esto dio a lugar a que un grupo de jóvenes solicitara informes sobre la gestión del .
El entonces viceministro Víctor Sánchez se negó a reportar lo solicitado y recién cuando la justicia le obligó, lo hizo. Así se descubrió que legalizó las reguladas al flexibilizar exigencias de frecuencias y pagó subsidios por pasajeros fantasma, panorama que empujó al Gobierno a destituirlo e indagar otras presuntas anomalías.
Fue así que Óscar Stark reemplazó a Sánchez en el cargo, denunció en la Fiscalía la aparente y el pago indebido de . Además, se intervino la Coordinación Jurídica y se inició una auditoría a toda la institución.
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