Los Fondos de Garantía son constituidos para generar el concepto de adicionalidad (acceso a créditos o a más créditos). La vigencia de este instrumento reduce el riesgo que representa para las entidades financieras prestar recursos a segmentos considerados de alto riesgo y más aún en momentos de crisis. Tal como es el escenario actual y en el que las mipymes de América Latina están sufriendo el coletazo de la inactividad por la crisis sanitaria. De hecho con el paso de las semanas, muchas no han resistido los costos de mantener una estructura, e incluso el pago de deudas no ha podido ser cubierto.
En lo que va de esta crisis sanitaria, varias micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) no han resistido los costos de mantener una estructura, en la que la nómina salarial, el compromiso con proveedores e incluso el pago de deudas no han podido ser mínimamente cubiertos. En consecuencia, también miles de personas se están quedado sin trabajo.
En Paraguay, al igual que en otras naciones latinoamericanas, se han aplicado moratorias impositivas, de servicios públicos y hasta subsidios laborales, pero no han sido suficientes para compensar la carga de muchos sectores económicos.
A modo de evitar que la economía siga sufriendo el cierre de más empresas, varios gobiernos de América Latina han dado a conocer una serie de salvatajes financieros. Los créditos blandos (plazos y tasas flexibles), mediante el fortalecimiento de los Fondos de Garantías para mipymes, han sido una de las principales políticas empujadas por los estados. Sin embargo, la aversión al riesgo de las entidades financieras se ha configurado en uno de los tantos desafíos aún por sortear para el financiamiento de las mipymes en plena crisis por la pandemia.
En Chile, el Gobierno presentó el programa de créditos especiales covid-19 para el rescate del 95% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país afectadas por la crisis sanitaria. El plan comprende una garantía estatal de US$ 3.000 millones. Los montos de la línea de crédito covid-19 para capital de trabajo podrán llegar hasta el equivalente a tres meses de ventas de la empresa en un periodo normal, definido entre octubre de 2018 y setiembre de 2019.
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