Elección definirá también el rumbo del poder fáctico | DIARIO PRIMERA PLANA

Acto político de HC en Hernandarias, después de los abrazos republicanos que buscaron impulsar aún más su poder fáctico sobre la ANR y el país. Es el caso, por ejemplo, de las múltiples denuncias de malos manejos de los fondos públicos en los municipios, que sólo son la punta del iceberg de la descomunal malversación de recursos en el Estado en su conjunto, bajo el reinado de la impunidad comandado por la operación cicatrizante abdo-cartista en la ANR, que repercute indudablemente en la crónica carencia de recursos para salud, educación e infraestructura básica. La campaña política por las municipales tuvo más la intención de consagrar el “hagan uso y abuso” proclamado por HC con tal de hacer triunfar a la ANR para su beneficio personal y político, que la búsqueda de un cambio en la forma de administrar los fondos públicos. Es lo que los gremios empresariales le acaban de alertar al Gobierno, pero por lo visto el político-empresario HC sólo ve su conveniencia particular, con tal de ir posicionando a su servicio las instituciones del país como el caso de la Fiscalía, cuyas falencias y puesta a disposición de las órdenes del Patrón ya están comenzando a hacer cundir la alarma entre los mismos empresarios, según fuentes bien informadas. Es cierto que la bancada cartista en Diputados ha salido del lado de los empresarios, en el asunto de las penas carcelarias de hasta 10 años para los invasores de tierras privadas y fiscales, así como han tenido generalmente posturas conservadoras a satisfacción de los hombres de negocios en otros temas promovidos por la izquierda, pero también se entiende que en el problema de la tierra, así como en otros temas económicos y sociales, no sólo basta imponer el poder de una aplanadora de votos en el Congreso, sino promover el necesario consenso social, que configura el mejor instrumento para el desarrollo ordenado de un país, con justicia para todos. A esto no ayuda tampoco la actual situación de la Fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez, cuya autonomía frente a los políticos, y especialmente HC, no resulta favorable a los intereses de la sociedad, ya que se sabe que aplica diferentes varas de acuerdo a la cara del cliente, así como ocurre también con ciertos jueces y hasta con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia, con honrosas excepciones. La reciente resolución de la Corte Interamericana que condena al país a un pago de casi 1 millón de dólares a Bonifacio Ríos Ávalos y a los familiares del extinto Carlos Fernández Gadea, ex ministros de la Corte sacados a empellones por un juicio político exprés en 2003 en la época de la presidencia de Nicanor Duarte Frutos, da la pauta de cómo se maneja la Justicia, es decir a pedir de boca de los poderosos de turno, pero con el resultado final que siempre sobreviene: que el fardo cae sobre el pueblo contribuyente de los impuestos de donde deberán salir los resarcimientos a Ríos Ávalos y Fernández Gadea. ...[Leer más]