Nuestro país sufrió el impacto de una serie de shocks externos en los últimos doce meses. A mediados del año pasado se comenzó a observar la caída en la demanda agregada, debido entre otros factores a la depreciación cambiaria en Argentina y Brasil, que afectó precios relativos de Paraguay. El resultado fue la menor afluencia de compristas argentinos y brasileños, y más contrabando desde Argentina. También experimentó la baja internacional en el precio de la soja por tensiones entre China y EE.UU., como brote de la fiebre porcina africana en China, el mayor comprador del mundo de soja para forraje porcino.
Las condiciones climáticas también incidieron drásticamente en la economía del país, con la sequía que disminuyó la producción agrícola de verano, con una pérdida de aproximadamente el 23,5% del volumen, y sus consecuentes efectos sobre el transporte, comercio, industria y finanzas y, finalmente, se registraron inundaciones por el río Paraguay, que impactaron a poblaciones ribereñas y campos de cría. Así, tanto la agricultura como la ganadería se vieron afectados por esta serie de eventos que resultaron desfavorables.
Los sectores más impactados han sido el agropecuario, la industria y el comercio. Pese a estas presiones el gobierno de Mario Abdo Benítez redujo el gasto de inversión. De hecho, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a junio alcanzó solo el 17%.
También se elaboró un proyecto de reforma tributaria que afectó las expectativas de los agentes económicos, por la incertidumbre asociada al proceso. Además, el gobierno tardó en asumir la existencia de una desaceleración económica y el manejo de las expectativas de los agentes económicos fue débil. El equipo Económico no unificó el mensaje ni proporcionó el direccionamiento claro de su política económica, lo que incrementó la incertidumbre asociada al cambio de gobierno. De hecho, fue hasta principios de junio de 2019, cuando anunciaron un plan de reactivación económica por US$ 1.544...
A esta compleja coyuntura se sumó la crisis política desatada a finales de julio por el acta firmada entre Brasil y Paraguay sobre la compra de energía de Itaipú, que databa de mayo, y se hizo pública con el desacuerdo y renuncia del presidente de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad). Esto llevó a que sectores descontentos con el acta decidieran iniciar un proceso de juicio político al presidente de la República, al vicepresidente y al Ministro de Hacienda, en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la unificación del Partido Colorado impidió conseguir las mayorías necesarias y el...
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