Para el Mitic fue designado de manera interina el viceministro Juan Pablo Cosp Bareiro; en el Mades, también de manera interina, Víctor Andrés González Bedoya.
El presidente de la República, Pedro Alliana, decretó renovaciones en distintas dependencias estatales. En el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic) asumió interinamente el viceministro Juan Pablo Cosp Bareiro, mientras que en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se nombró de forma interina a Víctor Andrés González Bedoya. Asimismo, el abogado Eduardo González pasó a ocupar la asesoría jurídica de la Presidencia de la República, puesto que desempeñaba Roberto “Ilo” Moreno.
En el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el viceministro de Vivienda e Infraestructura, Víctor Hugo Villasboa Maidana, fue designado ministro interino en sustitución de Juan Carlos Baruja, nombrado al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). A su vez, mediante el decreto número 7211, Samuel Tadeo Rojas Caballero asumió como procurador general de la República en reemplazo del interino Rubén Edilio Gaona, para ejercer la representación y defensa judicial del patrimonio estatal.
A través de la Orden General n.° 229, Alliana dispuso movimientos en la cúpula de seguridad y nombró al Gral. Manuel Rodríguez Sosa como comandante de las Fuerzas Militares, en sustitución del Gral. César Augusto Moreno Landaira. Por la Orden General n.° 230, el general de División Aérea Roberto José Idoyaga Benítez asumió la comandancia interina de la Fuerza Aérea Paraguaya por el general del Aire Julio Rubén Fullaondo Céspedes, y el general de División Alcides Lovera Ortiz quedó al frente del Ejército Paraguayo en lugar de Rodríguez Sosa.
La reestructuración militar incluyó la Orden General n.° 228, que designó al general de Brigada Fredy Roberto Oviedo Cáceres como jefe interino del Gabinete Militar de la Presidencia de la República, ocupando el puesto que ejerció Alcides Lovera Ortiz durante seis años. Estas modificaciones en el mando de seguridad se produjeron luego de la remoción por juicio político del mandatario Santiago Peña, debido a su presunta vinculación con la intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) ante falta de solvencia financiera.
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