Liberación de un narco, cuestionamientos por parte de funcionarios norteamericanos, decisiones cuestionadas para favorecer a una ministra de la Corte y fallos antitransparencia. Son tan solo algunos de los antecedentes del camarista Juan Carlos Paredes Bordón, uno de los que deberá definir si las Declaraciones Juradas de los servidores estatales son o no públicas.
En días más, la Corte Suprema de Justicia debe definir si las Declaraciones Juradas de las más altas autoridades de la República de las últimas dos décadas son o no entregadas a la ciudadanía. Es el primer caso de Acceso a la Información Pública que llega a la máxima instancia judicial desde la entrada en vigencia de la ley 5282/14.
El pleno de la Corte debe estudiar una acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría contra dos sentencias judiciales que ordenaron al ente a liberar la información.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida en julio del año 2018 por el entonces contralor Enrique García, contra las sentencias que aprobaron la divulgación de las declaraciones juradas de bienes de todas las autoridades de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos, desde 1998 hasta 2017.
El 8 de mayo de 2018, el juez Rubén Riquelme hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano, quien accionó judicialmente contra la determinación de la Contraloría de negarse a entregar los datos de bienes.
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