Que el desarrollo económico y la protección ambiental no pueden coexistir al mismo tiempo es una hipótesis que se ha planteado y tiene férreos defensores. Sin embargo, para Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como Acuerdo de Escazú, se refuta la dicotomía entre ambas variables.
Precisamente, el documento, adoptado en Escazú (Costa Rica) en marzo de 2018, lo que hace es establecer una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, ya que “no puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías”, según alega Bárcena.
Que el acuerdo de referencia ha generado todo tipo de críticas es una realidad; desde los sectores conservadores de la Iglesia Católica a nivel local, que lo relacionaron con lo que algunos grupos llaman “ideología de género” (un tema ya aclarado y superado), hasta los gremios tradicionales de la producción (UGP, ARP, etc.), que plantearon en su momento que habría una pretendida afectación a los derechos de propiedad por aplicación del principio precautorio, principio incluido en este nuevo documento regional.
Pero al leer el citado acuerdo, disponible en la web para quien lo quiera desglosar y de esa manera no dejarse llevar por grupos con intereses sectoriales (que son genuinos y entendibles pero no pueden estar por encima de los intereses generales), y al revisar el derecho positivo, encontramos que en realidad el principio precautorio forma parte de los principios generales de derecho ambiental paraguayo desde hace décadas, pues nuestro país ha ratificado diversos acuerdos internacionales que lo contemplan.
El presidente de BirdLife International para las Américas y titular del Comité Paraguayo de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), Dr. Alberto Yanosky, destaca precisamente que cualquier persona u organización podría invocar el principio precautorio para defender el ambiente, haciéndose responsable de las consecuencias de su reclamo. No necesita del Acuerdo de Escazú (ver infografía).
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