El 31 de marzo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los ministros Antonio Fretes y María Carolina Llanes, llamaron “ad referendum” a una licitación pública con el fin de que se contrate un “servicio médico sanatorial integral para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia”. En realidad, los beneficiarios de la contratación plurianual, cuyo costo estimativo es de 318.240 millones de guaraníes, serían los casi doce mil funcionarios del Poder Judicial y sus familiares. Como lo dispuesto en plena crisis sanitaria, estando en vigor la ley que declara el estado de emergencia, aún tiene que ser aprobado por el pleno de la Corte, es preciso que la ciudadanía le exija no consentir una resolución tan infame. Si ya resulta inicuo que en tiempos normales los “servidores públicos” gocen de envidiables seguros médicos, sin necesidad de aportar un centavo, a diferencia de los asegurados en el IPS, la cuestión sube de punto cuando se pretende mantener ese privilegio en unas circunstancias dramáticas. La población se está sacrificando para mitigar los efectos de una pandemia y hasta los Poderes Ejecutivo y Legislativo descubren la necesidad de racionalizar el gasto público, pero hete aquí que en el Poder Judicial creen que aquí no ha pasado nada y que, por tanto, el Poder Judicial puede seguir derrochando el dinero de todos.
El último 31 de marzo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los ministros Antonio Fretes y María Carolina Llanes llamaron “ad referendum” a una licitación pública con el fin de que se contrate un “servicio médico sanatorial integral para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia”. En realidad, los beneficiarios de la contratación plurianual, cuyo costo estimativo es de 318.240 millones de guaraníes, serían los casi doce mil funcionarios del Poder Judicial y sus familiares. Como lo dispuesto en plena crisis sanitaria, estando en vigor la ley que...
El presidente de la Corte alegó que la multimillonaria cifra en cuestión “ya fue presupuestada” porque fue estudiada el año pasado. En otros términos, hay que gastarla como si no hubieran surgido hechos nuevos de suma gravedad, que afectan a todos los habitantes del país y requieren el mayor esfuerzo presupuestario en pro de la salud pública. Esos hechos nuevos, además, corroboraron lo que todo el mundo sabía, pero que nunca antes había salido a la luz con tanta claridad y crudeza: que existen ciudadanos de primera y de segunda en nuestro país. Que los primeros llevan una vida sin...
El contrato a ser adjudicado por el Poder Judicial, si se consumara la operación en marcha, tendría una validez de tres años, pero el ministro de Hacienda, Benigno López cree que la recuperación económica se daría recién dentro de cuatro. Es decir, se puede contar con que hasta entonces la recaudación habrá de disminuir, pero los funcionarios de la Casa de Astrea seguirán aprovechándose no solo de la generosidad de la Corte y del sacrificio del común de la gente, sino también de la de los Poderes políticos que en 2019 aprobaron las cuantiosas erogaciones. Por cierto, no solo los...
El presidente de la Corte dijo que no tiene “ningún problema en renunciar” al suyo, pero agregó que no puede hablar por los funcionarios. Dejando de lado la interrogante de si se habría manifestado tan predispuesto en el caso de que el escándalo se hubiese mantenido oculto, parece muy poco elegante eso de escudarse en terceros para no admitir que lo resuelto fue simplemente aberrante. Ya es hora de modificar el régimen del seguro médico de los funcionarios, para que lo cubran con sus ingresos mensuales, tal como lo hacen los obreros y empleados del sector privado. De hecho, esos afortunados...
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