Seguro de funcionarios judiciales, una bofetada a la ciudadanía - Editorial - ABC Color

El 31 de marzo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los ministros Antonio Fretes y María Carolina Llanes, llamaron “ad referendum” a una licitación pública con el fin de que se contrate un “servicio médico sanatorial integral para los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia”. En realidad, los beneficiarios de la contratación plurianual, cuyo costo estimativo es de 318.240 millones de guaraníes, serían los casi doce mil funcionarios del Poder Judicial y sus familiares. Como lo dispuesto en plena crisis sanitaria, estando en vigor la ley que declara el estado de emergencia, aún tiene que ser aprobado por el pleno de la Corte, es preciso que la ciudadanía le exija no consentir una resolución tan infame. Si ya resulta inicuo que en tiempos normales los “servidores públicos” gocen de envidiables seguros médicos, sin necesidad de aportar un centavo, a diferencia de los asegurados en el IPS, la cuestión sube de punto cuando se pretende mantener ese privilegio en unas circunstancias dramáticas. La población se está sacrificando para mitigar los efectos de una pandemia y hasta los Poderes Ejecutivo y Legislativo descubren la necesidad de racionalizar el gasto público, pero hete aquí que en el Poder Judicial creen que aquí no ha pasado nada y que, por tanto, el Poder Judicial puede seguir derrochando el dinero de todos. ...[Leer más]