El acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados para utilizar camas de terapia intensiva en servicios privados en un hipotético escenario de saturación extrema de las unidades de cuidados intensivos del sector público, abre otra puerta a la corrupción a la que nos tienen acostumbrados las instituciones del Estado, a la vez que ratifica que el fondo de 1.600 millones de dólares por los cuales se endeudó al país para hacer frente a la pandemia de covid-19 no fue aprovechado como era de esperar. No podemos oponernos a este convenio si la necesidad de la hora así lo reclama, pero, atendiendo a los tristes antecedentes de las tercerizaciones de servicios, cabe reclamar a las autoridades sanitarias que informen y transparenten cada procedimiento de derivación, el protocolo seguido para la selección de pacientes y los montos pagados. Esto, para evitar que empresarios inescrupulosos y sus compinches del sector público vuelvan a lucrar en este momento de extrema necesidad de la población.
El acuerdo firmado hace pocos días entre el Ministerio de Salud Pública y la Asociación de Sanatorios y Hospitales Privados para utilizar hasta cien camas de terapia intensiva en servicios privados de salud en un hipotético escenario de saturación extrema de las unidades de cuidados intensivos del sector público, abre otra puerta más a la corrupción a la que nos tienen acostumbrados las instituciones del Estado, a la vez que ratifica que el fondo de 1.600 millones de dólares por los cuales se endeudó al país para hacer frente a la pandemia de covid-19 no fue aprovechado como era de esperar.
El Gobierno autorizó al Ministerio de Salud Pública, por medio de un decreto, a coordinar los planes y acciones con el sector privado de salud, para la prestación de servicios asistenciales y la distribución de los recursos en el marco de la emergencia sanitaria. En virtud de esta decisión, se podrán suscribir convenios con laboratorios, a efectos de realizar test de covid-19, y con los sanatorios, clínicas y hospitales privados, para la prestación de servicios de salas de internación y terapia intensiva a pacientes con la enfermedad, cuyos costos serán imputados al “Fondo de Emergencia...
De acuerdo con los datos que proporciona el Gobierno, de esos 1.600 millones de dólares solo el 23%, es decir 1.622.646 millones de guaraníes son destinados a gastos de salud (lo que incluye recursos para el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional). Y según esa misma rendición de cuentas, solo el 7,1%, 113.091 millones de guaraníes, se utilizan para equipamiento.
En marzo, cuando esta historia comenzó en nuestro país, la sociedad le extendió un cheque en blanco al Gobierno. Le entregó su bien más preciado, su propia libertad, así como su confianza, en la creencia de que ese dinero iba a servir para equipar servicios y preparar los existentes para cuando llegase lo peor. Pronto nos dimos de bruces con la realidad: que la salud y la vida de la población estuvieran en juego no iba a ser un freno para los sinvergüenzas de siempre, listos para pegar el manotazo y agarrar lo que se pueda, a costa de lo que sea.
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