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Proyecto busca extender hasta los 75 años la edad para completar los años de aporte a la jubilación pública - MarketData

Proyecto busca extender hasta los 75 años la edad para completar los años de aporte a la jubilación pública - MarketData

En la Cámara de Senadores fue presentada la iniciativa que plantea modificar el artículo 9 de la Ley N° 2.345/03 para que la jubilación a través de la Caja Fiscal sea obligatoria cumplida los 75 años de edad, sea ella la ordinaria o la extraordinaria. Actualmente es a los 65 años. Por otra parte, autoridades de los ministerios de Trabajo, Niñez y Adolescencia, Mujer y Desarrollo Social defendieron esta semana sus presupuestos para el próximo año. También, el presidente Santiago Peña anunció la regularización del pago a docentes reemplazantes por permiso de maternidad, con una inversión de G. 3.500 millones que beneficiará a más de 500 maestros que trabajaron durante los años 2019, 2020 y 2022.

Senadores de varios partidos de la oposición presentaron esta semana el proyecto de Ley que modifica el artículo 9° de la Ley N° 2.345/03 «De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, modificado a su vez por la Ley ° 4.252/10».

Mediante la iniciativa, los parlamentarios plantean que “la jubilación obligatoria sea aplicada, de acuerdo a la Constitución Nacional, y la misma no implique una disminución de ingresos del trabajador”, según fundamentaron.

En el proyecto mencionan que actualmente existen muchas personas que llegan a la edad establecida (65 años), pero los años de aporte no le permiten acogerse a la jubilación digna y acuden a la Corte Suprema de Justicia para solicitar mediante Acción de Inconstitucionalidad se revea su situación.

“Entendemos que la normativa vigente lesiona gravemente disposiciones constitucionales que resguardan los derechos de los funcionarios de la Administración Pública al establecer la jubilación obligatoria cumplida la edad de 65 años. El derecho a la igualdad tampoco resulta resguardado mediante dicha ley; al contrario, discrimina de modo injusto. En efecto, todos los servidores públicos son iguales ante la ley, y todos ellos, con los trabajadores del sector privado, según se desprende de los términos constitucionales vigentes”, mencionan en el documento.

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