Suele ser raro que un abogado, un médico, un economista, supongamos con una década de ejercicio de la profesión, ya esté en condiciones de comprarse una estancia o llevar una vida fastuosa. En cambio, en la función pública, existen instituciones que de la noche a la mañana fabrican millonarios, como las aduanas, el Indert, la Dirección de Beneficencia (Diben), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), por citar algunos. Precisamente, la jefa de la Diben, Carmen Corina Alonso, le ha sacado buen provecho al cargo que ocupa, según se desprende de sus declaraciones juradas. La misma representa a ese organismo en la Conajzar, presidida desde hace tres años por José Ortiz Báez, quien también sería investigado por la Contraloría por el notorio incremento de su patrimonio. Existen demasiadas fortunas inexplicables que se han financiado con el dinero de la gente que trabaja, debido a la repudiable impunidad y protección de los que mandan.
Proliferan las nuevas fortunas gracias a la impunidad reinante
Suele ser raro que un abogado, un médico, un economista, supongamos con una década de ejercicio de la profesión, ya esté en condiciones de comprarse una estancia o llevar una vida fastuosa. En cambio, en la función pública, existen instituciones que de la noche a la mañana fabrican millonarios, como las aduanas, el Indert, la Dirección de Beneficencia (Diben), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), por citar algunos.
Precisamente, la jefa de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Corina Alonso, le ha sacado buen provecho al cargo que asumió el 20 de agosto de 2018, ocasión en la que informó, usando el plural mayestático, que “hemos venido a trabajar con transparencia, honestidad y a favor de los sectores más vulnerables”. Y bien, aunque esta psicóloga nunca perteneció a estos sectores, sus propias declaraciones juradas de bienes y rentas revelan que habría trabajado bastante a favor de sí misma: en 2016, cuando trabajaba en consultorios del Instituto de Previsión Social (IPS) y del...
Dejando de lado que, según la Contraloría General de la República, no hay por qué consignar un derecho en expectativa, resulta que los inmuebles a ser heredados valdrían en total 720 millones de guaraníes. Si no se tuviera en cuenta este monto, la Lic. Alonso habría acrecido su patrimonio en 292 millones de guaraníes en cuatro años lo que no resulta desdeñable, tratándose de una funcionaria de mediano rango; durante ese lapso inició su “pequeño emprendimiento” ganadero, lo que exige creer que el salario percibido era tan elevado que le permitía realizar las inversiones correspondientes. La...
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