El gobierno de Mario Abdo Benítez se ha destacado por repeler a funcionarios que denunciaron posibles irregularidades, mientras premia a los cuestionados por corrupción. El episodio más reciente podría considerarse el del exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley. El más sonado, sin embargo, sigue siendo el del acta entreguista de Itaipú, que le costó el cargo al expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira. Por su parte, entre los “premiados” destacan Federico González y el exministro Juan Ernesto Villamayor.
El Instituto de Previsión Social destituyó a Halley, quien recientemente había cuestionado duramente un fallo judicial, por favorecer a un grupo de marinos y que, según denunció, pondría en peligro a todo el sistema de pensiones y jubilaciones del IPS. Tras su salida, Halley calificó hasta ineptas a las autoridades de la Previsional.
Sin embargo, este último caso solo fue la gota que colmó el vaso, ya que anteriormente se había enfrentado hasta con gremios laborales por denunciar que presuntamente empresas habría defraudado a IPS, mediante un supuesto esquema que implicaba inscribir a sus empleados como sujetos a “suspensión temporal”, a fin de evitar el pago de salarios y que estos cobren únicamente el subsidio otorgado por el gobierno.
De hecho la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) fue uno de los gremios que respaldó al IPS en la decisión de expulsar a Halley. No es la primera vez que grandes gremios nacionales defienden al gobierno en cuestionados temas. La mayor muestra de ello es el caso del acta entreguista de Itaipú, que casi le costó el juicio político al presidente Abdo Benitez y al vicepresidente Hugo Velázquez y también es uno de los más grandes ejemplos de cómo este gobierno repele a los que se podrían considerar buenos funcionarios públicos.
En dicho caso, el expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira y el entonces gerente técnico de la institución, Fabián Cáceres terminaron renunciando al oponerse a firmar el cuestionado acta entreguista, que según advirtieron y se comprobó posteriormente, atentaba contra los intereses nacionales. El gobierno se vio forzado a revertir el acuerdo, incluso con ayuda del presidente brasileño Jair Bolsonaro, ante la inminencia del juicio político a los referente del Ejecutivo de nuestro país.
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