El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, urgió a la Sala Constitucional de la CSJ que sentencie en la acción de inconstitucionalidad promovida por su antecesor, Enrique García, contra sendos fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelación en lo Penal, Primera Sala, que admitieron un recurso de amparo planteado contra la negativa de la Contraloría a entregar a un periodista copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercieron altos cargos públicos entre 1998 y 2017. La Sala Constitucional dio trámite a la citada acción el 20 de julio de 2018 y este es el día en que aún no ha corrido traslado de ella a la Fiscalía General del Estado para que dictamine, ni ha resuelto en las recusaciones planteadas contra las ministras Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña. Se entiende, pues, que el contralor crea necesario que la cuestión planteada se decida cuanto antes. Debe destacarse, además, que quien hoy encabeza la Contraloría es de la correcta opinión de que las declaraciones juradas de bienes y rentas deben ser públicas.
El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, urgió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que sentencie en la acción de inconstitucionalidad promovida por su antecesor, Enrique García, contra sendos fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelación en lo Penal, Primera Sala, que admitieron un recurso de amparo planteado contra la negativa de la Contraloría a entregar a un periodista copias de las declaraciones juradas de bienes y rentas de quienes ejercieron altos cargos públicos entre 1998 y 2017. La Sala Constitucional dio trámite a la...
Se entiende, pues, que el contralor crea necesario que la cuestión planteada se decida cuanto antes, aunque sea paradójico que el oportuno urgimiento provenga del órgano que arbitrariamente, bajo la administración de Enrique García, denegó la petición referida sin emitir una resolución fundada. Felizmente, quien hoy lo encabeza es de la correcta opinión de que las declaraciones juradas de bienes y rentas deben ser públicas. Sin embargo, está impedido de darles tal carácter por la consuetudinaria morosidad de la máxima autoridad judicial. Excepcionalmente, ella demostró mucha celeridad...
Ya se pudo sospechar que sus miembros tenían algo que ocultar en la materia cuando impugnaron de inconstitucionales varias normas de la mencionada ley reglamentaria. Como era previsible, suspendieron sus efectos con respecto a ellos mismos, quedando así exentos del deber de presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas. El insólito Auto Interlocutorio N° 6/18, emitido en causa propia, fue revocado debido a un supuesto “error material”, que no se habría detectado si la escandalosa decisión no hubiera sido repudiada por la ciudadanía. No debería sorprender, pues, que los ministros de...
Es indudable que el secretismo favorece el enriquecimiento ilícito y que la transparencia lo dificulta. Como quienes en este país ejercen una función pública suelen tener mucho que esconder, incluso tras haberla abandonado, es comprensible que haya gente interesada en encubrir sus caudales. Hay claros indicios de que incluso los ministros de la Corte –salvo Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia y Alberto Martínez Simón– no tienen el menor interés en que sus respectivos patrimonios sean de conocimiento público. De hecho, puede entenderse que ya prejuzgaron en la materia al perpetrar...
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