El Senado fue convocado en sesión extraordinaria, el martes 7, para estudiar los 12 proyectos del paquete de leyes antilavado que había remitido el Ejecutivo el año pasado, mientras las críticas por los peligros que conllevan muchas de ellas aumentan. Miembros de la Comisión Nacional de Reforma Penal y Penitenciaria, integrada por representantes de los …
El Senado fue convocado en sesión extraordinaria, el martes 7, para estudiar los 12 proyectos del paquete de leyes antilavado que había remitido el Ejecutivo el año pasado, mientras las críticas por los peligros que conllevan muchas de ellas aumentan. Miembros de la Comisión Nacional de Reforma Penal y Penitenciaria, integrada por representantes de los 3 poderes del Estado, solicitará que se pospongan temas conflictivos como el de la Prejudicialidad.
ASUNCIÓN.- Ante la cantidad de proyectos y el largo debate que se supone llevará cada uno de ellos, es fácil pensar que en la sesión del martes solamente se estudiarán los primeros del paquete, justamente los menos conflictivos, algo que ya se había planteado algunas semanas atrás, pero, finalmente, se decidió que el tratamiento se realice recién cuando el estudio había concluido y existía dictamen de los 12 puntos.
A las críticas de los senadores Enrique Bacchetta (ANR) y Sergio Godoy (ANR) y la diputada Rocío Vallejos (PPQ, presidenta de la comisión especial) se sumaron otros como el también senador Antonio Apuril y la misma Asociación Rural del Paraguay. A todos les resultan sumamente peligrosas algunas disposiciones que se refieren a la Prejudicialidad, que haría posible que alguien que debe impuestos pueda ser acusado por lavado de dinero.
Estos 12 proyectos son el requisito mínimo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) exige para que el país no sea incluido en la lista gris de los que no tienen un marco legal adecuado para combatir al crimen organizado. Sin embargo, una de las críticas fundamentales es que los mismos fueron copiados de legislaciones de países en donde el Poder Judicial y los órganos de seguridad funcionan a la perfección y no existe injerencia del poder político.
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