Los ministros Eduardo Pe- tta, Mario Varela, Carla Bacigalupo, Dany Durand y Nilda Romero no deben seguir un día más en sus respectivos cargos. No solo eso, tendrían que ser imputados por el Ministerio Público, junto con el exministro de Agricultura Denis Lichi, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración jurada falsa, si sus investigaciones confirmaran lo apuntado en el exhaustivo “reporte de veracidad y dictamen de correspondencia” presentado al Ministerio Público por la Contraloría General de la República, en el marco de una investigación hecha a pedido del Senado. Si los indiciados no tienen el decoro de renunciar ni el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el valor de destituirlos, deben ser sometidos cuanto antes a un juicio político, para que no se escuden en la inmunidad de proceso. Razones morales y políticas exigen que el jefe del Poder Ejecutivo prescinda de ellos, al menos, si quiere sanear la Administración Pública “caiga quien caiga”.
Los ministros Eduardo Petta (Educación y Ciencias), Mario Varela (Desarrollo Social), Carla Bacigalupo (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Dany Durand (Urbanismo, Vivienda y Hábitat) y Nilda Romero (de la Mujer) no deben seguir un día más en sus respectivos cargos. No solo eso: tendrían que ser imputados por el Ministerio Público, junto con el exministro Denis Lichi (Agricultura y Ganadería), por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración jurada falsa, si sus investigaciones confirmaran lo apuntado en el exhaustivo “reporte de veracidad y dictamen de correspondencia”...
Es intolerable que cinco ministros estén sospechados de haber cometido esos hechos punibles ligados a la función pública y relacionados entre sí. En efecto, faltar a la verdad en cuanto al patrimonio poseído al ocupar un cargo público y al abandonarlo puede servir para ocultar la obtención de bienes, derechos o servicios, cuyo valor supere las legítimas posibilidades económicas del declarante, y los de su cónyuge o conviviente. Los arts. 4° y 15 de la Ley N° 5033/13 obligan a la Contraloría a denunciar ante el Ministerio Público los “indicios de irregularidades o enriquecimiento indebido”...
El ministro Petta –exdirector de la Patrulla Caminera y exsenador– habría declarado solo cinco de los doce inmuebles que figuran a su nombre en la Dirección de Registros Públicos. El mismo se excusó con que los siete terrenos omitidos están en condominio desde 1997, cuando aún no estaba en la función pública, como si no tuviera que haberlos referido al presentar su primera declaración jurada. Sobre un vehículo que no reportó, dijo que le fue robado cuando dirigía la Patrulla Caminera. Su colega Varela –exgobernador de Caaguazú– habría sabido sacarle el jugo a su salario, aumentando su...
Del resumen de lo detectado por la Contraloría, surge que, en el mejor de los casos, los susodichos habrían mentido al declarar sus bienes y rentas bajo juramento. El Ministerio Público imputó al senador Javier Zacarías (ANR), al diputado Miguel Cuevas (ANR) y al exsenador Óscar González Daher (ANR) por los mismos hechos punibles aquí mencionados. Por tanto, contando con el “reporte de veracidad y dictamen de correspondencia”, el Ministerio Público debe promover la acción penal pública si sus pesquisas confirman lo denunciado, tal como le exige su ley orgánica. La de la Contraloría le...
Leer la nota completa en Diario ABC
