Nuestro país cuenta con la segunda presión tributaria más baja de la región y en 2021 se ubicó en 14%, 7 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Este bajo nivel de impuestos es frecuentemente promocionado como un atractivo para la inversión, principalmente extranjera, pero también refleja una limitada capacidad para impulsar el desarrollo.
La presión fiscal es la relación entre los ingresos tributarios y el producto interno bruto (PIB) de un país.
Los ingresos tributarios son aquellos “que vienen dados por la recaudación tributaria del Gobierno Central (impuestos internos y externos), de los gobiernos subnacionales o seccionales (impuestos, tasas y contribuciones) y, las contribuciones a la Seguridad Social” (Ocampo, 2017). “Se mide según el pago efectivo de impuestos y no según el monto nominal que figura en las leyes” (Brito Gaona & Iglesias, 2017).
Los impuestos son la principal fuente de ingresos del Estado. Es decir, a través de estos se costean los servicios básicos para su funcionamiento y los servicios públicos que ofrece el mismo. Constituyen una herramienta fundamental que posee el Estado para mejorar el ciclo macroeconómico, favorecer la redistribución del ingreso en la sociedad y proveer a sus ciudadanos de infraestructura y servicios básicos, como salud y educación y redistribuir la riqueza (CEPAL, 2017).
Por tanto, una presión fiscal baja no resulta necesariamente buena, dado que puede indicar una distribución inadecuada de la riqueza y servicios públicos mínimos o de mala calidad, dado el nivel de ingresos que posee el Estado para ello.
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