Una ley de 2019 obliga a las empresas a declarar a sus dueños reales ante el MEF, pero no dice si ese dato es público. Los jueces responden distinto.
Una ley de 2019 obliga a toda empresa que opera en Paraguay a declarar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) quiénes son sus beneficiarios finales, las personas que en realidad la controlan o se benefician de ella. Lo que la ley no resolvió con claridad es si un ciudadano puede pedir esa información, y los jueces responden de manera distinta a la misma pregunta.
El caso de los familiares del expresidente Santiago Peña lo muestra. El 5 de noviembre de 2025, el juez civil Diego Alejandro Torres Sandoval hizo lugar a un amparo de 13 parientes y allegados de Peña, entre ellos la entonces primera dama Leticia Ocampos.
El juez ordenó al MEF no entregar los documentos de carácter reservado de los accionantes sin orden judicial o pedido de un organismo habilitado por ley, después de que un ciudadano los solicitara por la vía de acceso a la información pública.
Esos datos, sin embargo, ya estaban publicados en el portal de acceso a la información por una solicitud anterior, según informó ABC Color el 10 de noviembre de 2026, con base en una planilla difundida por el abogado Ezequiel Santagada. El mismo registro produjo dos respuestas opuestas: el MEF entregó la información en un caso y un juzgado la bloqueó en otro.
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