De quiebre institucional, de grave daño a la democracia y al Estado de Derecho, así como de una importante fisura en la independencia de los Poderes del Estado hablaron diferentes gremios empresariales e incluso la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), ante la confirmación del senador Víctor Ríos como miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los gremios que se manifestó contra la confirmación del senador Víctor Ríos (PLRA) como miembro de la Corte fue la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), que destacó que significa un grave peligro, un quiebre institucional.
La CAP advierte que ninguno de los tres poderes del Estado puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. “Estamos ante el grave peligro de un quiebre institucional que ocasionaría un daño irreparable a la democracia y el Estado de Derecho en la República del Paraguay”, destaca en relación a la designación del senador Víctor Ríos como miembro de la Corte Suprema de Justicia.
“Un político, integrante de uno de los poderes del Estado, al ser designado por sus pares como miembro de la máxima instancia de otro poder resulta cuando menos nociva y sentaría un nefasto precedente al permitir, con esta designación; la intervención de un integrante político en un cuerpo colegiado que debe caracterizarse por su independencia e imparcialidad”, señala el manifiesto de la CAP.
También instamos a la clase política a respetar y cumplir, irrestrictamente, las disposiciones constitucionales que garantizan la separación y el equilibro entre poderes. La República así lo demanda, concluye.
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