“Este año queremos concluir las negociaciones de un acuerdo amistoso con la comunidad indígena Yaka Marangatu, que tiene un reclamo de restitución territorial”, explicó. Esto forma parte de un acuerdo amistoso con el Estado paraguayo, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Concretamente, el Estado debe proveer tierra a esta comunidad.
Scappini también ubicó entre las prioridades de este año instalar la mesa de trabajo para la implementación del dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que condenó a Paraguay por la muerte de Rubén Portillo, debido al uso masivo de agroquímicos. Su fallecimiento se produjo en el año 2011. Vivía con su pareja, su hijo y su madre en una vivienda ubicada en la segunda línea de la Colonia Yerutí. La organización Base IS fue la querellante en este caso con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
La sentencia insta al Estado paraguayo a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación.
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