Foto: Hacienda Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo presentó la propuesta que tiene como principal objetivo reordenar el marco jurídico de toda la Función Pública e implementar la tan anhelada Carrera del Servicio Civil, sobre la base de la integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión estatal. Asimismo, se establece una Única Autoridad Normativa del Sistema de la Función Pública, por tanto, se creará la Subsecretaría de Estado de la Función Pública (Ssefp), dependiente del Ministerio de Hacienda, fusionando de esta manera las competencias relativas a la gestión de las personas y a la gestión de remuneraciones, atribuciones propias del Ministerio de Hacienda.
Asunción, Agencia IP.- El Poder Ejecutivo presentó la propuesta que tiene como principal objetivo reordenar el marco jurídico de toda la Función Pública e implementar la tan anhelada Carrera del Servicio Civil, sobre la base de la integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión estatal.
En la presentación del proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, realizada ayer en la tarde asistieron el ministro de Hacienda, Benigno López; el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; la directora de Política Macro-Fiscal, Viviana Casco; y el abogado del Tesoro, Fernando Benavente; ante los integrantes de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado.
En su ponencia, el secretario de Estado resaltó que esta Ley busca otorgarle más eficiencia al funcionamiento del sector público y también para determinar las remuneraciones. Igualmente, pretende dar más previsibilidad a los administradores de los recursos públicos, así como avanzar hacia la calidad del gasto y la productividad del sector público.
La Ley será aplicable a todos los Organismos de la Administración Central, a las Entidades de la Administración Descentralizada y a las Municipalidades. El personal que presta servicios en las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria quedará excluido de su ámbito de aplicación, ajustándose a las disposiciones previstas en el Código Civil, el Código del Trabajo y las normativas vigentes en sus respectivos estatutos.
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