Antes del fin del 2023, el Gobierno tiene como prioridad aprobar la ley de pensiones, con gran resistencia política; el tren de cercanías, que se teme sea un nuevo metrobús, y la ley de la Policía.
Santiago Peña camina acelerado con la mirada en tres proyectos de su prioridad, que deben estar listos antes de fin de año, pero que a su vez podrían sufrir postergaciones por la alta presión que recibe no solo de la ciudadanía sino de su propio sector político.
Todo lo demás quedó en segundo plano y el oficialismo se enfoca en la aprobación de la ley de creación de la superintendencia de jubilaciones y pensiones, el proyecto del tren de cercanías y la ley de la Policía Nacional.
La más controversial sin duda es la que afecta a las jubilaciones. El Ejecutivo presentó el proyecto, que tiene por objeto reglamentar el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones. Gremios y asociaciones de trabajadores y jubilados rechazan la norma por considerar que están en riesgo sus aportes, bajo el argumento de que el gobierno quiere utilizarlos en bonos y créditos.
El pasado miércoles fue tratado en el Senado pero no pudo votarse porque los opositores se retiraron y dejaron sin cuórum la sesión. Sin embargo, esto reveló que los colorados no están todos alineados a la intención del Ejecutivo, ya que varios de ellos estaban ausentes y esto impidió poder completar los números necesarios. Algunos oficialistas consideran que debe darse más tiempo, como sugirió el ministro del Interior Enrique Riera.
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