El uso de los fondos sociales de las binacionales ha generado desde hace tiempo desconfianza a causa de la corrupción política, que dilapida los recursos del Estado. Al no formar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), estos fondos, de aproximadamente USS 150 millones, no son auditados por los órganos de control estatal. Saber […]
El uso de los fondos sociales de las binacionales ha generado desde hace tiempo desconfianza a causa de la corrupción política, que dilapida los recursos del Estado. Al no formar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), estos fondos, de aproximadamente USS 150 millones, no son auditados por los órganos de control estatal.
Saber el destino de la también llamada «caja negra» de las binacionales es un largo reclamo de la población en general. De hecho, la Cámara Baja había remitido un pedido de informe el pasado 9 de diciembre, donde básicamente solicitaba detalles del uso de los gastos socioambientales desde el 2017 hasta el 2020, invocando la Ley Nº 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Itaipú respondió a una sola parte de lo solicitado, en tanto que Yacyretá se llamó al silencio.
Desde que Diputados aprobó el proyecto de ley que destina el uso de los fondos sociales de las entidades Itaipú y Yacyret para el área de salud, iniciaron los cuestionamientos en cuento al alcance real de la normativa.
Se trata del proyecto que dispone la utilización de los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de la Itaipú Binacional y Entidad Binacional Yacyretá correspondientes al lado paraguayo, para la compra de medicamentos, insumos médicos, materiales de bioseguridad, para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia del Covid-19.
Leer la nota completa en El Nacional
