El pasado 29 de octubre fue el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y en el marco de esta conmemoración te explicamos en qué consiste el índice AML, una medida integral que permite a los países evaluar su eficacia en la lucha contra actividades delictivas financieras. Este índice proporciona información valiosa para fortalecer los sistemas y cumplir con los estándares internacionales establecidos por organismos como el GAFILAT. Al analizar y comparar los datos del índice, los países pueden implementar mejoras en sus políticas y prácticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a un sistema financiero más seguro y transparente a nivel global.
El lavado de activos, según el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es un proceso por el cual se encubre el origen de fondos provenientes de actividades ilegales o criminales, como narcotráfico, trata de personas, contrabando, etc. El objetivo es hacer que estos fondos parezcan fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
En este sentido, surge el Basel Institute on Governance. Es una organización sin fines de lucro con sede en Basilea, Suiza, fundada en 2003. Su misión principal es abordar los desafíos de gobernanza en el ámbito público y privado. Se enfoca en áreas como la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como en la promoción de la integridad y la transparencia en los sectores público y privado. Es así como, en 2012, crea el índice anti lavado de dinero.
El índice anti lavado de dinero de Basilea (AML, por sus siglas en inglés) es “una herramienta independiente de clasificación y valoración del riesgo que ayuda a los usuarios a evaluar las amenazas de lavado de activos y financiación del terrorismo en todo el mundo, así como la capacidad de las medidas anti lavado de activos/lucha contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) que toman los países para abordar estos riesgos” (Basel Institute on Governance, 2021).
“Este índice no cuantifica las operaciones procedentes del lavado de activos o de la financiación del terrorismo, únicamente indica la probabilidad de que se desarrollen actividades de este estilo en una jurisdicción específica” (Asobancaria, 2022).
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