La detención del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi en Ciudad del Este desnudó décadas de impunidad en torno al lavado de dinero en la Triple Frontera. Sin embargo, este caso es solo la punta del iceberg, pues decenas de otros quedaron impunes. El Colegio de Abogados del Alto Paraná había denunciado varios casos ante varias instituciones pero nunca tuvieron sanciones.
En el año 2004 fueron ejecutados varios allanamientos e investigaciones contra grandes comercios instalados en Ciudad del Este, por evasión de impuestos, contrabando y lavado de dinero. Sin embargo, ninguno de los procesados ha llegado a juicio oral y público: varios fueron sobreseídos, en otros se han admitido procedimientos abreviados y el pago (nunca confirmado) de una mínima multa, según la denuncia que presentaron miembros del Colegio de Abogados del Alto Paraná, en el 2005.
En la denuncia habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y hasta a la Cámara de Senadores que se investigaran las actuaciones de fiscales y jueces, ante la llamativas salidas que daban a los procesos, en medio de fuertes y constantes rumores de pagos de cuantiosas coimas a cambio de no proseguir con los procesos.
El abogado Mauro Barreto, presidente del gremio de abogados, explicó que con las operaciones contra las evasiones se había formado una rosca cuya cabeza visible era el entonces fiscal adjunto Hugo Velázquez (hoy vicepresidente de la República) y el superintendente fiscal Juan Carlos Duarte (actual consejero de Yacyretá).
Barreto afirmó que desde ese entonces, hasta ahora, el esquema de recaudación sigue funcionando a la perfección. “Esto viene ocurriendo desde el 2004 y estamos en las mismas. Las empresas y las casas de cambios se dedicaban al lavado de dinero y era de conocimiento público. La fiscalía sabía y realizaba intervenciones solamente para quitarles dinero, no era para ponerle en orden ni para recaudar para el fisco”, afirmó.
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