Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los instrumentos de las Naciones Unidas (ONU) declaran como derecho fundamental el acceso a la seguridad social. Sin embargo, sólo el 20% de la población mundial está cubierto, mientras que más de la mitad carece de toda protección social, según datos de la OIT. En Paraguay, el sistema previsional y los fondos jubilatorios funcionan bajo reducidos esquemas y sin supervisión alguna. De hecho, en el país los recursos previsionales son manejados por diferentes cajas, por lo que urge contar con una superintendencia.
La seguridad social, conforme a organismos internacionales, está definida en términos generales como un sistema basado en cotizaciones, que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos. Al hablar de la seguridad social, los sistemas de pensiones se constituyen en la piedra angular de las preocupaciones en América Latina, debido al rápido crecimiento de la población pasiva (jubilados) frente a la activa (cotizantes).
La situación está poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas previsionales en los países de la región, así como presionando de manera considerable a las cuentas públicas, dejándolas, incluso, en déficit. Por ejemplo, Brasil arrastra un desequilibrio fiscal desde el año 2014. El déficit está explicado, en gran parte, por un sistema previsional colapsado a causa del alto número de personas en edad de retirarse de la vida laboral frente a los trabajadores que se encuentran activos o que siguen aportando a los fondos.
En este contexto, el Gobierno de Jair Bolsonaro consiguió la venia a la Ley de la Reforma Previsional en octubre del año pasado. Con esta normativa se pretende reencauzar la complicada situación previsional en Brasil y liberar recursos fiscales (estiman un ahorro de US$ 340.000 millones en diez años). La reforma contempla una edad mínima de 62 años para las mujeres, con 15 años de aporte y de 65 años para los hombres, con 20 años de contribución. Además, se modifica el esquema de las alícuotas de contribución, que serán más altas para los de mayores ingresos. También se estableció una nueva...
Por su parte, Chile ha enfrentado protestas sociales meses atrás, entre otros puntos, por el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones. De hecho, alrededor del 80% de los chilenos recibe pensiones menores al salario mínimo.
Leer la nota completa en Diario ABC