El exministro Bonifacio Ríos Ávalos formó parte de la Corte que atentó contra la Constitución y las leyes, se atribuyó funciones del Legislativo, cometió irregularidades administrativas, hechos de corrupción, tráfico de influencia y hasta enriquecimiento ilícito. Esto se desprende de la acusación de la Cámara de Diputados para el juicio político en el 2003. Ríos Ávalos ahora pretende volver a la máxima instancia judicial.
La acusación de Diputados fue presentada en noviembre de 2003 contra Ríos Ávalos, Carlos Fernández Gadea y Luis Lezcano Claude. Los dos primeros afrontaron el juicio político y fueron destituidos por 43 y 44 votos, respectivamente. Lescano Claude renunció antes de la votación en Senado.
En el documento remitido a los senadores, se afirmó que los entonces ministros de la Corte incurrieron en mal desempeño de funciones y comisión de delitos.
Los miembros de la Cámara Baja concluyeron que los acusados violaron la Constitución Nacional y las leyes, atentaron contra el principio de división y equilibrio de poderes, ejercieron el poder en forma arbitraria y contraria al ordenamiento legal y vulneraron la vigencia del Estado de derecho y quebraron la institucionalidad de la República.
También, siempre atendiendo la acusación, se atribuyeron potestades constitucionales expresamente reservadas al Poder Legislativo, lo cual afectó el equilibrio de poderes consagrado en el artículo 3° de la Constitución y que constituye hecho punible previsto en el Código Penal como “atentado contra el orden constitucional”. Además cometieron graves irregularidades administrativas y hechos de corrupción en el ejercicio de funciones administrativas.
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