La Primera Conferencia Internacional sobre población, se llevó a cabo en Bucarest en el año 1974. Ante la insistencia de los EEUU y otras potencias de controlar el aumento de la población mundial, países del tercer mundo denunciaron a EEUU de querer imponer políticas de freno al crecimiento de la población, denunciando el imperialismo demográfico […]
La Primera Conferencia Internacional sobre población, se llevó a cabo en Bucarest en el año 1974. Ante la insistencia de los EEUU y otras potencias de controlar el aumento de la población mundial, países del tercer mundo denunciaron a EEUU de querer imponer políticas de freno al crecimiento de la población, denunciando el imperialismo demográfico o contraceptivo.
En el mismo año y luego de esta conferencia, Henry Kissinger, Secretario de Estado del Gobierno de EEUU, redacta el memorándum 200 o Informe Kissinger, titulado “Implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de los EEUU e intereses de ultramar.” Este informe se mantuvo clasificado hasta 1989.
El informe disponía, entre varias cuestiones, lo siguiente: disfrazar las metas del plan de acción de Bucarest, bajo la capa de los Derechos Humanos, se deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos que hacen inviables las políticas de control de la natalidad, los encargados de implementar esas políticas deben ser los mismos naturales de los países, previamente reeducados en los países del norte. El informe, en cuanto a los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades sostenía: “La educación será considerada como un instrumento para llegar a índices de...
De ahí en más estas políticas de control demográfico se han desarrollado paulatinamente y en los últimos años de forma más acelerada, pero siempre y progresivamente han penetrado en nuestros sistemas jurídicos en forma de cuña, disfrazados como derechos de las mujeres (ej. derecho al aborto libre y gratuito) o como derechos de niños y adolescentes, que es el caso que nos ocupa y que analizaremos a continuación.
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